Las adquisiciones del sector público

NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS

La OCDE y la Secretaría de la Función Pública publicaron en el 2008 un importante estudio sobre el cohecho en las adquisiciones del sector público, debido a que las adquisiciones como lo mencionan, representan una porción tan grande de la actividad económica, el potencial que tiene el cohecho de dañar la economía de una nación es considerable.

El tema de las adquisiciones de los gobiernos configura como uno de los sistemas administrativos más importantes, la finalidad de los estados debe ser regular y supervisar las adquisiciones y contrataciones de las entidades públicas, así como velar por el cumplimiento y la difusión de la normatividad, requieren para su funcionamiento bienes y servicios, y para ello existe la normatividad aplicable, esto para evitar que se dé una «practica» no apegada a la normatividad y salga el cohecho a relucir.

Para tal efecto aquellas personas que quieran participar como proveedores de los gobiernos deberán atender al marco legal en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos habla que dice que «las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pendientes”.

Cabe resaltar que antes de decidir que comprar, a quien, cómo y cuándo, los gobiernos están obligados a tener una partida presupuestaria previamente aprobada. En esta partida el gobierno programa que comparará y cuanto gastará.

No hay que olvidar que el desarrollo de los estados depende de las iniciativas que los gobiernos tengan, los planes, los programas, los proyectos de desarrollo de largo y corto plazo, el ejecutivo debe responder adecuadamente a las exigencias de toda la población, esto deberá de llevarse a cabo con probidad, eficacia, participación ciudadana y verificar que donde se de la participación ciudadana como es en este caso ante todo se garantice la transparencia.

Este ejercicio de participación con proveedores y los gobiernos debe responder siempre a dejar de lado los diseños de licitaciones para dar ventajas a determinados contratistas, para excluir a otros, o para no favorecer a nadie a priori, ya que esto será un elemento clave de la transparencia de la gestión pública, y determinará en buena medida el grado de compromiso y eficiencia de los gobiernos en el tema de actividades económicas dentro de cada entidad.

Los contratos no pueden ser utilizados para premiar o para pagar favores, ya que esto conduce generalmente a mala calidad de los servicios adquiridos o de las obras e ineficacia de la inversión pública, el compromiso de la licitación es garantizar el mejor servicio, calidad y economías a escala.

A partir de 1996 la Secretaria de la Función Pública puso en operación el sistema CompraNet con el propósito de realizar las contrataciones de forma transparente, más rápida y segura en un formato sencillo desarrollado electrónicamente y otorgándole una ventaja sin precedentes a sus usuarios.

La llegada de esta herramienta a nuestro Estado de Zacatecas fue en el año 2001 mediante la firma de un convenio de colaboración, siendo Zacatecas de las primeras entidades federativas en impulsar su uso en el ámbito estatal y municipal, su uso es obligatorio de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además fue en el mes de Junio del año 2011 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, de hecho existen los Manuales de aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y el de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, Manuales básicos y de apoyo.

En la página de la SFP existe claramente un modulo de información que contiene número de procedimientos, contratos, normatividad, padrón de proveedores y contratistas y hasta cursos presenciales de este sistema.

Los gobiernos obtienen economías en escala y pueden negociar mejores términos contractuales o saber qué proveedores no son tan confiables, se puede tener acceso a todos los documentos que forman parte de un procedimiento de contratación como lo son las convocatorias, bases, anexos, generar el formato para inscripción a la licitación, el acta de la junta de aclaraciones y otros datos relevantes del contrato. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal ha mejorado esta herramienta, donde se establecen nuevos mecanismos de compra y licitaciones y se transparenta todo el proceso de contratación, desde la publicación de las bases de una licitación hasta la adjudicación del contrato.

Deben usarlo también por obligatoriedad, para invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, con independencia de su carácter nacional o internacional.

Por tal motivo la transparencia en las licitaciones, adquisiciones y contratos es fundamental para que no se afecte ese desarrollo sustentable en la eficiencia económica y liberar los factores de preocupación del ente público ante las instituciones gubernamentales, así mismo estas tendrán el compromiso de prestar especial atención en la regulación y el control del servicio y dar muestra de la capacidad institucional frente a estos temas.

Los servidores públicos deben de conocer a fondo las leyes que regulan las adquisiciones, pero también deben de conocer la Ley de Responsabilidades, pues no aplicar las leyes, o «hacer tratos» fuera de la Ley, al final del camino, siempre se conoce.

Los gobiernos no deben de seleccionar en el momento de las adjudicaciones a los allegados o a los conocidos, por Ley deben de elegir a proveedores que les presenten ofertas técnicas legales y económicamente solventes viendo el bien de la entidad y de la fluctuación económica de los ciudadanos. Calidad de vida.

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