Se requiere de sensibilidad para con el pueblo de parte de las autoridades: Eugenia Flores

eugenia floresZacatecas, Zac.- Arturo Nahle García, procurador del estado, volvió a mostrar insensibilidad social con el desalojo de paracaidistas del predio Los Olivos en Lomas de Bracho, consideró la diputada perredista Eugenia Flores Hernández, quien señaló que si bien queremos vivir en un Estado de Derecho, también se requiere de sensibilidad de parte de las autoridades.

En días pasados la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) realizó un desalojo de aproximadamente 10 familias que habitaban esta zona propiedad de Gobierno del Estado y que está considerada como área natural protegida, las casas fueron quemadas y se utilizó  la fuerza pública para desalojar a los habitantes.

Además se detuvieron a tres personas, supuestos líderes del Barzón que fueron quienes estafaron a estas familias, vendiendo los predios de manera ilegal. Las autoridades señalaron que el desalojo se hizo apegado a la legalidad y no existía trasfondo político alguno.

Durante la comparecencia de Arturo Nahle ante los diputados de la 61 legislatura, este ya había señalado que no toleraría la invasión de tierras, sin embargo la diputada Eugenia Flores consideró que estas acciones deben hacer reflexionar a la autoridad sobre la necesidad de viviendas y la falta de dialogo y sensibilidad social.

“Son nuevas familias zacatecanas y de escasos recursos, no podemos desconocer que los predios eran propiedad de la nación y del patrimonio cultural de Bracho, llegaron por líderes no muy honestos y que le sacan mucho dinero a la gente abusando de la necesidad de vivienda, el procurador antes de hacer el desalojo, debió hacer una mesa y haberse propuesto alternativas de vivienda” manifestó la legisladora perredista.

La diputada agregó que la amenaza de Nahle de no permitir las invasiones no se puede hacer “tan a rajatabla”, ya que dependiendo del lugar y la necesidad de la gente es como se debeactuar, “el procurador debió  entablar una mesa de diálogo y llevar a desarrollo social y económico para que ofreciera alternativas” consideró.

Señaló que si bien es cierto que el predio es propiedad de gobierno del estado  y no se puede invadir, antes de haber desalojado se debió tener sensibilidad social ya que el estado se ha visto rebasado ante las alternativas de vivienda para familias de escasos recursos.

Agregó que este tipo de hechos perjudica además a las organizaciones sociales legítimas, ya que esta estafa se hizo por pseudo líderes sociales.

 

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