La paridad

En 2007 el Estado mexicano reconoció que la paridad es un elemento fundamental en el desarrollo de la democracia, por ello, se comprometió a adoptar todas las medidas de acción positiva para garantizar la plena participación de las mujeres en la vida política de nuestro país.
Estos compromisos no los vieron ni los escucharon, ni el Ejecutivo Federal ni el Senado de la República. Por el contrario, nuevamente repitieron la fórmula excluir a la mayoría de la población, las mujeres, del debate y la propuesta.
Hace tres años, los Estados Latinoamericanos y caribeños reconocieron “que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”
Por lo cual acordaron adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios para alcanzar la paridad. Según reza la Declaración de Quito, y en la cual participó una nutrida delegación mexicana encabezada por la Presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán.
Lo que el papel soporta, la práctica discriminatoria y excluyente tira. Por ello políticas de trayectoria propia, rompieron el silencio y demandan ser escuchadas, haciendo uso a su derecho de participar en la vida de la nación.
Cualquier reforma política que surja sin retomar estos acuerdos ya señalados será no solo incompleta sino ilegítima y no tendrá credibilidad en la sociedad.
Incluir la perspectiva de género, no se reduce a nombrar en el papel o en el discurso a las mujeres y los hombres. La perspectiva de género implica asumir una postura de Estado y desarrollar políticas coherentes que le garanticen a 52 millones de ciudadanas sus plenos derechos políticos, económicos y sociales.
Es incluir las reformas legislativas necesarias y asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política. Es construir  reformas electorales de carácter permanente e incorporar las agendas de la condición social de las mujeres, en sus contenidos, acciones y estatuto.
Es construir una cultura donde la paridad este presente en todos los poderes y en los ámbitos nacional, estatal  y local.
De lo contrario será un acuerdo más de los hombres para seguir sirviéndose de los privilegios del poder.
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